EL FORO POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD REPUDIA LAS ACCIONES REPRESIVAS Y RESPONSABILIZA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES POR LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PETICIONAR.
El día de la fecha (20 de Octubre), la Policía Federal por orden de la Fiscalía Nº4, reprimió una manifestación legítima, convocada por sindicatos docentes en defensa del aumento salarial y les impidió instalar una carpa blanca frente a Jefatura de Gobierno.
En una demostración del autoritarismo y la falta de voluntad política al diálogo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, expresamos nuestro repudio a las acciones represivas desplegadas por la policía, en una clara violación al derecho a la protesta.
Consideramos que una de las características elementales del sistema democrático es el derecho de la comunidad toda a resistir el conjunto de políticas que consideran injustas y arbitrarias. El derecho a la protesta es entonces el punto de partida para reclamar por el cumplimiento de los demás derechos. Sin la posibilidad de protestar no existe ninguna posibilidad real de lograr el efectivo cumplimiento de las obligaciones constitucionales de los gobiernos de turno.
El derecho a la protesta cobra especial relevancia en contextos de falta de diálogo y autoritarismo como consideramos caracteriza al gobierno de turno, especialmente en materia educativa. En lo que va del año, el Poder Ejecutivo de la Ciudad fue contundente en su posicionamiento frente al derecho a la protesta y la libertad de expresión. Entre otras medidas, son alarmantes: el desmantelamiento de los ámbitos institucionales para el debate pedagógico; la prohibición a autoridades educativas y docentes a hacer declaraciones públicas y de circular entre escuelas; la persecución de estudiantes secundarios y la penalización de las tomas de colegios mediante la elaboración de actas contravencionales, entre otras.
En este contexto, la posibilidad real de que los actores puedan hacer oir su voz crítica cobra una especial relevancia. La represión cometida contra docentes y trabajadores de la educación entonces va en contra de nuestros más profundas compromisos comunitarios de resguardo y defensa del derecho del que gozan todas las personas a expresarse, peticionar, reunirse y a protestar.
Es por todo ello que se reclama al Jefe de Gobierno que cese en sus las prácticas que cercenan el derecho a la protesta y libertad de expresión, y que retome la senda del diálogo, en concordancia con el respeto al funcionamiento democrático.
Mesa organizadora del Foro por la Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
El día de la fecha (20 de Octubre), la Policía Federal por orden de la Fiscalía Nº4, reprimió una manifestación legítima, convocada por sindicatos docentes en defensa del aumento salarial y les impidió instalar una carpa blanca frente a Jefatura de Gobierno.
En una demostración del autoritarismo y la falta de voluntad política al diálogo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, expresamos nuestro repudio a las acciones represivas desplegadas por la policía, en una clara violación al derecho a la protesta.
Consideramos que una de las características elementales del sistema democrático es el derecho de la comunidad toda a resistir el conjunto de políticas que consideran injustas y arbitrarias. El derecho a la protesta es entonces el punto de partida para reclamar por el cumplimiento de los demás derechos. Sin la posibilidad de protestar no existe ninguna posibilidad real de lograr el efectivo cumplimiento de las obligaciones constitucionales de los gobiernos de turno.
El derecho a la protesta cobra especial relevancia en contextos de falta de diálogo y autoritarismo como consideramos caracteriza al gobierno de turno, especialmente en materia educativa. En lo que va del año, el Poder Ejecutivo de la Ciudad fue contundente en su posicionamiento frente al derecho a la protesta y la libertad de expresión. Entre otras medidas, son alarmantes: el desmantelamiento de los ámbitos institucionales para el debate pedagógico; la prohibición a autoridades educativas y docentes a hacer declaraciones públicas y de circular entre escuelas; la persecución de estudiantes secundarios y la penalización de las tomas de colegios mediante la elaboración de actas contravencionales, entre otras.
En este contexto, la posibilidad real de que los actores puedan hacer oir su voz crítica cobra una especial relevancia. La represión cometida contra docentes y trabajadores de la educación entonces va en contra de nuestros más profundas compromisos comunitarios de resguardo y defensa del derecho del que gozan todas las personas a expresarse, peticionar, reunirse y a protestar.
Es por todo ello que se reclama al Jefe de Gobierno que cese en sus las prácticas que cercenan el derecho a la protesta y libertad de expresión, y que retome la senda del diálogo, en concordancia con el respeto al funcionamiento democrático.
Mesa organizadora del Foro por la Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
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