La campaña de desprestigio y vaciamiento de la educación pública por parte del Gobierno de Mauricio Macri es un proceso metódico, sistemático y contundente. No precisa de grandes medios que ofrezcan “globos de colores” e imágenes de un universo mágico para ocultar las verdaderas intenciones de cada paso que da en materia educativa. Solo necesita del accionar de los funcionarios porteños que depositan su hostilidad sobre un blanco fijo: la escuela pública. Es a la escuela pública, a la que se pretende vaciar de sentido, desprestigiando a los docentes, incumpliendo las medidas judiciales (como es el caso de la provisión de micros para la Villa 31) o mediante la pretensión de mover a estudiantes de una escuela a otra desentendiéndose de su libertad de elección, de su pertenencia institucional y participación en la tarea pedagógica, tal como sucede con la fusión de cursos y cierre de aulas.
La lista de medidas que atentan contra la escuela, sus trabajadores y estudiantes es larga y numerosa. Por mencionar sólo algunas: el ajuste de las becas a los estudiantes secundarios, la renuncia a la responsabilidad de evitar que los edificios escolares no caigan en ruinas, las listas negras de estudiantes, el recorte de subsidios a las cooperadoras escolares, la eliminación de programas socioeducativos, la reducción de los equipos de orientación escolar, el intento de poner cámaras de vigilancia, la propuesta de evaluación docente basada en la medición de resultados, la modificación del Estatuto del Docente, entre otras. Esta lista de ataques y acciones tiene un solo sentido: el desmembramiento de la educación pública. No contentos aún con los resultados de esta política, los grandes funcionarios- gerentes (así se hacen llamar dentro del Ministerio de Educación Porteño) han resuelto dar un paso más hacia lo que pretenden. El pasado 29 de febrero la gestión de Mauricio Macri firmó la Disposición 15 DGEGE del Ministerio de Educación para comenzar la primera etapa de lo que ellos llaman “mejorar el servicio de educación”. Esta medida pretende fusionar más de 221 cursos y grados (son en total: 143 cursos de Primaria; 53 de Media y 25 de Técnica) bajo la idea de integración de cursos por poca cantidad de matrícula. Semejante medida a través de tal disposición lleva implícito el cierre de aulas, el traslado de los y las estudiantes de una escuela a otra, el desarraigo identitario de tal población respecto a su lugar de pertenencia y el peligro de pérdida de trabajo de los docentes.
El cierre de grados y cursos es parte de una decisión política de desfinanciamiento, fragmentación y deterioro de la educación pública implementada por el macrismo. Con estas medidas la gestión Bullrich- Macri confirma su carácter privatista, profundizando el ajuste en la escuela pública. Esta decisión promueve el hacinamiento de niños, niñas y jóvenes que asisten a la escuela pública, en perjuicio de una propuesta educativa más equitativa. Un dato interesante que ratifica el programa privatista del Gobierno Porteño, en detrimento de lo público: mientras Bullrich y Macri cierran grados en la escuela pública, por otro lado aumenta en casi un 50% el financiamiento a las escuelas privadas.
Estamos convencidos y convencidas que la construcción de una sociedad más justa, más democrática, con mayor igualdad, requiere de la garantía y el ejercicio del Derecho Social a la Educación, lo que sólo se garantiza con el fortalecimiento de una educación pública inclusiva, no discriminatoria, solidaria y emancipadora. Por ello, expresamos nuestro más enérgico rechazo al cierre de grados y cursos en las escuelas públicas de nuestra Ciudad y acompañamos las luchas por resistir la aplicación de tal medida.
Asimismo, llamamos a acompañar la Caravana de la Comunidad Educativa convocada por los trabajadores de la educación y la comunidad educativa en repudio a estas medidas. La jornada se desarrollará el día viernes 16 de Marzo, a las 18hs en la Carpa Docente instalada frente a la Jefatura de Gobierno, Av. de Mayo 525 Foro por la Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires
